Laura Serra
El oficialismo del Senado impuso su mayoría y convirtió en ley la moratoria impositiva, la cual propone ampliar el alivio tributario -actualmente limitado a las PyME- a un mayor universo de contribuyentes perjudicados por la crisis económica. Si bien la oposición de Juntos por el Cambio reconoció la necesidad de una nueva moratoria, la rechazó por considerar que constituye un "traje a medida" del empresario kirchnerista Cristóbal López.
La iniciativa, finalmente, se aprobó con 41 votos positivos frente a 28 negativos. En términos generales, la moratoria incluirá las deudas previsionales, impositivas y aduaneras vencidas hasta el 31 de julio, mientras que el plazo para adherirse concluirá el 30 de octubre. La primera cuota vencerá el 16 de noviembre.
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Los senadores de la Juntos por el Cambio rechazaron la iniciativa por varios motivos. El principal, por considerar que favorece a Cristóbal López, dueño de la petrolera Oil Combustibles, la cual está quebrada y con una deuda con la AFIP de alrededor de $8000 millones. Los senadores opositores, al igual que lo hicieron en su oportunidad los diputados de Juntos por el Cambio cuando se discutió el tema en la Cámara baja, advirtieron que, al permitir que se incluyan las empresas quebradas sin continuidad en la moratoria, López podrá pagar su millonaria deuda con la AFIP en cuotas y, además, quedar liberado de las causas judiciales que lo afectan.
"No podemos acompañar esta media sanción -sostuvo el senador Esteban Bullrich-. Creemos, en primer lugar, que esta moratoria se queda a mitad de camino en varias cuestiones, pero en realidad porque, en realidad, en esta moratoria hay dos leyes: una moratoria impositiva pero también hay una amnistía a favor de un grupo de empresarios".
El jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, sostuvo que esta ley, más allá "de sus nobles intenciones", constituye un "salvataje a los amigos del poder". "Esta es una moratoria que es un golpe bajo para muchos ciudadanos que, por ejemplo, para aquéllos deben pagar el anticipo de ganancias de 2019 y no están incluidos en la moratoria", enfatizó. "Es una bofetada al sentido común", sostuvo.
El senador oficialista Oscar Parrilli sostuvo que las críticas de la oposición "le dan vergüenza ajena" y acusó al expresidente Mauricio Macri de haber encarado, durante su gobierno, una ofensiva contra López para que se desprendiera de sus empresas. El legislador rechazó que esta moratoria tuviera como principal beneficiado a López. "Esta es una moratoria para todos: para Correo Argentino, para (Nicolás) Caputo, para Clarín, para Telecom, para las financieras, para la empresa Vicentin, para todos", enfatizó.
Otra de las objeciones que planteó Juntos por el Cambio es que si bien esta moratoria propone una moratoria amplia, lo cierto es que se imponen restricciones para las grandes empresas y a aquéllas con capitales en el exterior. En efecto, estas últimas deberán repatriar un 30% de esos fondos para poder acogerse a la moratoria.
"No entendemos la discriminación entre pequeñas y grandes empresas que hace el proyecto. Eso va a generar un problema legal porque la igualdad ante la ley prima en la Argentina. Lo mismo pasa con otras leyes donde se discrimina al empresario que crece", señaló Bullrich.
La nueva moratoria dispone que las deudas previsionales se podrán pagar en un plazo de entre 48 y 60 cuotas, mientras que las obligaciones tributarias se podrán abonar en 96 o 120 cuotas. La tasa de interés del plan de pago en cuotas será del 2% mensual hasta enero de 2021 y luego se aplicará una tasa variable.
Asimismo, se establece un premio a los contribuyentes cumplidores: habrá un 15% de descuento para quienes paguen sus obligaciones al contado como así también un alivio para los monotributistas.
Ampliación presupuestaria
Por otra parte, el Senado convirtió en ley con 67 votos positivos y 1 voto negativo el proyecto de ampliación presupuestaria. Al igual que en el debate sobre la moratoria, el bloque de Juntos por el Cambio apoyó en general la iniciativa, aunque rechazó tres de sus artículos más polémicos.
La flamante ley prevé un incremento de $1,86 billones en los gastos totales, especialmente en los corrientes. Esto implica un alza del 33% con respecto a lo estimado a comienzos del año, para llegar a un total de $7,4 billones. El resultado fiscal, según el texto, arroja un déficit primario de $2,21 billones, monto que supera el 8% del PBI. Si se considera, además, el pago de intereses de deuda, el resultado financiero arroja un saldo negativo de $3 billones.
"Los 1859 millones de pesos que se nos piden de ampliación se recuperarían por recaudación propia, utilidades del Banco Central y financiamiento, por lo tanto, a pesar de la crisis este presupuesto está calzado", indicó el senador oficialista Carlos Caserio, presidente de la Comisión de Presupuesto.
Si bien la oposición apoyó en general la iniciativa, objetó los artículos que proponen que tenedores de títulos en pesos puedan canjearlos por títulos en dólares hasta un monto de US$1500 millones. "No estamos de acuerdo con el artículo que permitiría que fondos que invirtieron en pesos accedan de manera privilegiada a bonos en dólares", advirtió Martín Lousteau, quien mencionó a los fondos Pimco y Templeton. "Lo acompañaríamos si fuera parte de la negociación de la deuda externa pero los argumentos que dan no nos convencen", indicó.
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