Gabriela Origlia
CÓRDOBA.- La Cámara Federal de Córdoba confirmó la resolución que hizo lugar a la medida cautelar solicitada por Electroingeniería en la que pidió adherirse a la moratoria para pymes establecida por la ley nacional de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. Los camaristas Liliana Navarro y Abel Sánchez Torres votaron a favor del reclamo de la empresa y, en disidencia, lo hizo Luis Rueda.
Cuando se hizo la presentación no existía el esquema que se aprobaría hoy en el Senado, que sí permite a las empresas grandes ingresar. A comienzos de año no estaba esa posibilidad. Al ser una cautelar, la causa vuelve a primera instancia y el juez puede resolver que la medida se tornó abstracta porque hay una nueva ley que no lesionaría el derecho de la empresa.
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Electroingeniería -la empresa cordobesa que tuvo un crecimiento exponencial durante el kirchnerismo y quedó implicada en la trama de corrupción narrada en los cuadernos de las coimas-, recurrió a la Justicia para conseguir aval judicial para ingresar a la moratoria impositiva que la AFIP diseñó para micros, pequeñas y medianas empresas con certificado vigente. En junio logró el primer fallo a favor, al plantear que dejarla afuera era "discriminación impositiva", pero la AFIP apeló y llegó a Cámara.
El Juzgado Federal 1 de Córdoba le concedió la medida cautelar para que se acoja al plan de facilidades de pagos. El fallo indica que la empresa "entiende que resulta irrazonable y arbitrario que se le impida ingresar en el régimen de excepción que facilita la regularización de deudas y concede beneficios, en virtud de parámetros económicos que impugna por irrazonables y discriminatorios".
Electroingeniería, en su presentación, advirtió que sin el acceso a la moratoria terminaría en un "quebranto terminal" al acumular deudas tributarias y de seguridad social por $2.819,2 millones vencidas hasta el 30 de noviembre del año pasado y actualizadas al 31 de marzo de este año.
Ante estos argumentos, el juzgado hizo lugar y aclaró que el acogimiento a la normativa deberá contemplar la posibilidad de acogimiento de manera de estar "alcanzado por el porcentaje del pago a cuenta y la cantidad máxima de cuotas y el mes de vencimiento de la primera de ellas".
En su voto a favor, la camarista Navarro indicó que observa "verosimilitud suficiente acerca de la arbitrariedad de la exclusión de las empresas, como la aquí accionante, en el régimen aludido. Y es que, prima facie, no advierto que exista una razón lógica y objetiva para segmentar, máxime si se tiene en cuenta que la situación de crisis existente en el país impacta a todos los sectores de la sociedad".
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