Nicolás Balinotti
Roberto Lavagna, que suele conversar periódicamente con el presidente Alberto Fernández sobre el curso de la economía, planteó para la pospandemia una suerte de reforma laboral para generar más empleo privado y dinamizar las inversiones.
"Pilares de un programa de crecimiento con inclusión", se denomina el plan que impulsa el exministro de Economía de Néstor Kirchner. En uno de sus puntos, Lavagna, que era el candidato presidencial estrella del sindicalismo hasta que Cristina Kirchner eligió a Fernández, propone imitar "el sistema que rige en la industria de la Construcción (Libreta de Trabajo, que supone aportes a un fondo de desempleo)". Se refiere al "Fondo de Cese Laboral de la Uocra", una iniciativa que la gestión de Mauricio Macri también quiso impulsar.
Como en la industria de la construcción está vigente por convenio un fondo de cese laboral, para este caso no corre la doble indemnización que rige por decreto presidencial. El fondo de desempleo en la construcción funciona de la siguiente manera: el empleador deposita el 12% del salario mensualmente en el fondo durante el primer año de la relación laboral y el 8% a partir del segundo año. El dinero se deposita en una cuenta bancaria, genera intereses para el trabajador y son inembargables.
El fondo sirve como alternativa a las indemnizaciones y debería ser constituido mediante convenio colectivo, con el aval de las cámaras empresariales y el principal gremio de la actividad. El monto del aporte mensual corre únicamente por cuenta del empleador sobre un porcentaje del salario y sustituye la indemnización.
En el caso de la Uocra, que es el modelo que mencionó Lavagna, se le retiene a cada trabajador entre el 12 y el 8 por ciento del sueldo (varía según la antigüedad) y se atesora en un fondo que se abre al término del vínculo laboral independientemente del tiempo que haya durado.
El fondo de cese laboral podría ser aplicable a trabajos temporales, como el de los peones rurales de la Uatre o el de los taxistas.
Algunos abogados laboralistas, sin embargo, lo rechazan de manera tajante porque consideran que es inconstitucional, al afirmar que un convenio colectivo de trabajo no puede suplantar una ley de orden público, como lo es la que contempla la indemnización.
Por: Nicolás Balinotti ADEMÁS 
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