Gustavo Ybarra
El proyecto de reforma del fuero penal federal que impulsa el Poder Ejecutivo recibió voces a favor y en contra durante la tercera jornada de exposiciones de especialistas ante el plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia del Senado.
Mientras los senadores siguen escuchando opiniones, ya expusieron 34 invitados, en el Frente de Todos empezaron a realizar consultas para definir los posibles cambios que se le podrían introducir a la iniciativa. La idea, por ahora, es firmar dictamen la semana próxima.
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Por lo pronto, el jefe del oficialismo en el Senado, José Mayans (Formosa), ya le pidió a su par de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff (Formosa), que le acerque las propuestas del principal bloque opositor. Además, espera los aportes que realizarían algunos gobernadores del PJ.
En la tercera audiencia de debate del proyecto, una de las voces más enfáticas a favor de la reforma fue la de la excamarista y actual subsecretaria de Asuntos Penitenciarios, María Laura Garrigós de Rébori, quien justificó la reforma en la "necesidad de recuperar la credibilidad" de la Justicia y de modernizar el sistema federal que, dijo, "es el más atrasado de la región" en cuanto a su adaptación al sistema acusatorio.
"Esto va a hacer que los jueces estén más visibilizados, que su actividad esté más expuesta, va a acelerar los tiempos judiciales, que difieren de los tiempos políticos", sentenció Garrigós, una de las fundadoras de Justicia Legítima.
La funcionaria también rechazó las objeciones sobre el costo que tendría la implementación de la reforma. "Tengamos la ley y después hablemos del equipamiento; estas objeciones implican poner el carro delante del caballo", reclamó.
La postura de Garrigós fue acompañada por los representantes del Sindicato de Trabajadores de la Justicia (Sitraju), Juan Manuel Rotta Escalante y María del Tránsito Urueña, quienes denunciaron, en línea con el discurso del kirchnerismo, la permeabilidad a los grupos de presión de parte de la Justicia federal.
Sin embargo, el camarista contencioso administrativo Carlos Balbín disintió de manera frontal con el discurso oficialista. "Ampliar el número de jueces no evita las presiones ni garantiza eficiencia", afirmó, antes de pedir una reforma más integral.
El mismo reclamo hizo el secretario general del gremio de los judiciales, Julio Piumato, que se quejó porque el proyecto no fue consultado con todos los estamentos que integran el Poder Judicial.
Piumato coincidió con la necesidad de modernizar la Justicia, pero consideró "un error encarar una reforma que tiene que ver con una intención específica del gobierno de turno". "Cuando una reforma judicial no responde a las necesidades del conjunto de la sociedad no es una política de Estado", remató.
La reacción de Parrilli contra Sabsay
También destacó la intencionalidad política del proyecto el constitucionalista Daniel Sabsay, para quien el texto es parte de un plan más amplio para modificar la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público Fiscal, temas que analiza el consejo asesor creado por Alberto Fernández.
"Se ha querido asegurar la impunidad de aquellos que se encuentran sujetos a procesos por graves delitos contra la administración del Estado", sentenció Sabsay.
Esta intervención le valió un cruce con el senador Oscar Parrilli (Frente de Todos-Neuquén), quien lo acusó de haber realizado "un alegato político". "Estamos ante un dirigente opositor", remató. También sumó su queja Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro), quien le reprochó al abogado haber hablado sobre cuestiones de las que no habla el proyecto.
La camarista Magdalena Laíño Dóndiz, integrante de la Cámara del Crimen, alertó sobre las "consecuencias indeseadas para la población" de la reforma, ya que afectará la celeridad y eficiencia de un fuero que entiende en un volumen de causas varias veces superior al del federal penal, aseguró.
A pesar de su enfático apoyo a la necesidad de licuar el poder de los jueces federales porteños, Sebastián Pilo (ACIJ) destacó que la iniciativa no cambia en nada el perfil de los magistrados que ocuparán la nueva estructura. "Los Bonadios y Oyarbides [sic] llegaron ahí por los pésimos sistema de designación y de remoción de jueces", destacó. Además, dijo que el sistema de subrogancias diseñado para ocupar los nuevos juzgados "deja serias preocupaciones sobre la independencia efectiva" que tendrán esos jueces hasta tanto estén designados los titulares.
Por último, el presidente del Consejo de la Magistratura, el juez Alberto Lugones, apoyó la reforma y minimizó el costo fiscal que tendrán sus disposiciones, que calculó en unos 850 millones de pesos,
No obstante, planteó que al texto "le está faltando mayor extensión en cuanto a fiscalías y defensorías", en relación a la implementación del sistema acusatorio que propugna, y criticó los artículos referidos a los normas de conducta que obligan a los jueces a denunciar las presiones que reciban.
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