Se los acusa de no haber cumplido el horario permitido para las reuniones sociales que en ese entonces estaban permitidas en La Pampa
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"Carlos, ¿estás al aire? ¡Tenemos una orden allanamiento con la casa llena de policías!", se escuchó decir a la mujer de Carlos Ruiz Pérez, el empresario de Genaral Acha, en la provincia de La Pampa, acusado de haber asistido con coronavirus a un encuentro fuera del horario permitido en el que estaban presentes dos jueces y un fiscal y donde se habían producido múltiples contagios.
El asado en cuestión tuvo lugar el 20 de julio, el Día del Amigo, cuando La Pampa estaba en Fase 5 y estaban permitidas las reuniones sociales de hasta 10 personas, pero en la causa se los acusa de haberse extendido más allá del horario permitido.
En una entrevista radial con LU100, el periodista Eduardo Villada y Jorge Nemesio repasaban los hechos con Pérez, quien dijo que no había tenido síntomas antes del encuentro y que el fiscal general de Santa Rosa, Guillermo Sancho, presente en el encuentro, fue su compañero de facultad.
Después de más de 20 minutos de entrevista, la mujer del empresario rural tocó la puerta y, desesperada, le dijo: "Carlos, ¿estás al aire? ¡Tenemos una orden allanamiento con la casa llena de policías!".
"Tengo una orden allanamiento con la casa llena de policías. En este momento, tengo una orden de allanamiento", le dijo Ruiz Pérez al periodista, mientras se escuchaba a su mujer a los gritos de fondo. Luego cortó la llamada.
Según fuentes locales, todos los presentes en el asado en cuestión fueron allanados y la policía les quitó los celulares, entre otros elementos.
Lo que ocurrió fue que días después del encuentro el empresario se sometió a un hisopado y dio positivo de coronavirus. En su lista de contactos estrechos reveló este encuentro y otras reuniones sociales y por trabajo que había tenido los últimos días en varias partes de La Pampa.
Además de Pérez y el fiscal Sancho, habrían incurrido en la violación del decreto provincial el 19 de julio el juez del Tribunal de Impugnación Penal, Pablo Balaguer, el juez contravencional Miguel Vagge y Pedro Arcuri, coordinador de la Planta Automotor del Ministerio de Salud, a quien el gobierno provincial despidió ayer.
Rápidamente y sin ocultar su enojo, el gobernador Sergio Ziliotto anunció que la provincia será querellante en la causa, por la que los jueces y el fiscal pueden llegar a perder sus cargos.
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