Un estudio del año 2019 del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA) arrojaba resultados demoledores sobre la "confianza en la Justicia". Desde el 24,4% en el año 2011, fue descendiendo hasta llegar a un escaso 7,6% en 2018.
Desde cierto punto de vista, es criticable que tanto en ese estudio como en el lenguaje cotidiano de la política, la prensa y los mismos jueces se use el término "Justicia" cuando de lo que en realidad estamos hablando es, o bien de un Poder Judicial que en la percepción de los ciudadanos no funciona como debiera, o a lo sumo de un sistema o forma de administrar justicia.
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Porque si estamos contestes en que la "Justicia" es un valor (entre muchas otras definiciones, el "principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le pertenece"), la utilización del término para referir a un Poder Judicial que no funciona nos puede llevar a la conclusión que es el valor mismo lo que está mal, y suplantarlo -valga la paradoja- con otras formas de "hacer justicia", o por otros sistemas que mas temprano que tarde conducirán al mismo resultado.
Sería infructuoso y estéril tratar de agotar en estas líneas las múltiples causas por las cuales la sociedad cree cada vez menos en nuestro Poder Judicial, porque cualquiera que sean ellas finalmente lo que importa es el resultado: la sola falta de confianza en el sistema es un problema mayúsculo para la salud de la democracia y la República, porque la historia nos demuestra que esas fallas -reales o no- son las que darán pie a consecuencias indeseadas.
Pero mirando hacia adelante, si algo le hace flaco favor a mejorar la "confianza en la Justicia" (ya como valor) es la descalificación peyorativa de las resoluciones de los jueces por parte de los otros Poderes del Estado. Por cierto que estos tienen todo su derecho a cuestionar por la misma vía judicial las decisiones de los magistrados que según su entender son perjudiciales a los intereses del Estado. Pero el Presidente de la República debería reflexionar si el agravio personal y profesional a un juez arguyendo irónicamente que "faltó a la clase de derecho administrativo y constitucional" contribuye al fortalecimiento de un poder que pretendemos sea mejor.
De otro lado, tampoco contribuye el reparto del nombramiento de los jueces según su ideología. No se trata de exigir a los jueces que no la tengan, porque en definitiva ellos provienen de una sociedad ideologizada. Unos prefieren mostrarla, otros no, y otros muchos se escudan en una presunta "asepsia" para esconder su verdadero pensamiento y aplicar fríamente la "letra de la ley": con disculpas a Hanna Arendt, son los artífices burócratas de la "banalidad de la decisión".
Pero los que evidencian su ideología tienen una mayor responsabilidad para contribuir en la construcción de un Poder Judicial creíble, porque tendrán que demostrar que su decisión es acorde a la integridad del texto Constitucional, y no que de ella han aplicado solo lo que conviene a su propia ideología o al gobierno de turno.
Valgan estas líneas como homenaje a Carmen Argibay -persona de bien con la que tuve el honor de compartir gratos momentos personales y profesionales-, y quien como jueza de la Corte Suprema no solo demostró su independencia de los otros poderes del Estado, sino también de su propia ideología.
Por Javier E. Fernández Moores, exjuez en lo Comercial, exconsejero de la Magistratura y exsecretario de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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