George Soros
La Universidad Centroeuropea (CEU) es la única que no cumple con los nuevos requisitos exigidos en la llamada "lex CEU", por lo que los responsables de la institución académica, así como centenares de científicos e intelectuales de dentro y fuera del país, habían pedido a Ader que no la firmase.
La misma petición dominó una marcha de decenas de miles de personas ayer en el centro de Budapest.
Pero el presidente procedió a firmarla pues, según argumentó en un comunicado publicado en su página web, "la ley no hiere la idea de la libertad de aprendizaje y enseñanza, fijada en el párrafo 10 de la Constitución".
No obstante, reconoció que la nueva normativa ha despertado "resentimiento en muchos", por lo que pide al gobierno que "inicie lo más pronto posible negociaciones con los afectados para la implementación de los nuevos reglamentos legales", informó la agencia de noticias EFE.
La nueva normativa, elaborada por el gobierno húngaro del primer ministro Viktor Orban, y aprobada por el Parlamento el pasado día 4, exige que los institutos académicos financiados desde el extranjero tengan una sede y programas en el país de origen, Estados Unidos en el caso de la CEU.
Viktor Orban
Ambos equipos juegan este lunes por la 19na fecha del torneo de Primera División en una puja por escapar de la zona de descenso. El gol bahiense lo marcó Tellechea a los 42 del primer tiempo y Stefanelli empató a los 24 del segundo.
Exige también un acuerdo entre los gobiernos de Hungría y Estados Unidos para que la CEU pueda funcionar, algo que no puede aplicarse en este caso ya que las competencias de educación en Estados Unidos corresponden a los Estados y no al gobierno federal.
La rúbrica del jefe de Estado era la última formalidad necesaria para que entre en vigor la nueva normativa, aunque, de acuerdo con la legislación vigente, existe la posibilidad de una petición de revisión al Tribunal Constitucional, siempre y cuando la firme al menos una cuarta parte de los diputados del Parlamento.
Varios partidos de la oposición han anunciado que harán lo posible para dar ese paso, si bien los observadores dudan de que obtengan suficiente apoyo.
El caso ha generado fuertes críticas al gobierno de Orban, desde la oposición hasta del Partido Popular Europeo y numerosas ONG, como Amnistía Internacional o Human Rights Watch.Fuente de la noticia